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El Ayuntamiento de Esplugues rechaza el nuevo proyecto estatal sobre la pobreza energética

Esplugues se suma a otros municipios presentando alegaciones a una regulación que desprotege al consumidor vulnerable ante las grandes empresas eléctricas

1 de junio de 2017

El Ayuntamiento de Esplugues hizo llegar ayer al Ministerio de Energía su "rechazo global" y sus alegaciones al proyecto de real decreto que regulará la pobreza energética. Con este documento, Esplugues coincide con el posicionamiento expresado de forma conjunta por Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela contra esta norma estatal.

El proyecto de real decreto que critican los ayuntamientos define cuando se puede hablar de consumidor vulnerable (requisitos) y establece las condiciones y procedimiento para solicitar la bonificación social y los precios de las tarifas que se le aplicarán, además de las condiciones en las que no se podrá suspender el suministro.

Según los ayuntamientos que se oponen al proyecto, con la nueva ley serían las empresas las encargadas de determinar si un caso se ajusta a la consideración de vulnerable o no. Al mismo tiempo, se establecen dos criterios adicionales no vinculados a la situación económica y familiar: que los usuarios sean atendidos por los servicios sociales y que sea una administración autonómica o local la que se haga cargo del pago de la mitad del importe de los cargos pendientes.

El Ayuntamiento de Esplugues considera que la nueva regulación llega tarde y "se ha hecho de espaldas a las competencias de las Comunidades Autónomas" y que "no es aceptable desde la perspectiva del Estado social y la protección al consumidor" porque agrava "la debilidad del consumidor vulnerable, establece criterios ajenos a la vulnerabilidad económica o energética, se aparta de la realidad social de la pobreza en España" y veta la entrada a PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor) a las pequeñas empresas comercializadoras de energía eléctrica pero las obliga a financiar la bonificación social "en clara desventaja frente a las grandes empresas".

Los municipios consideran que la norma protegerá las grandes compañías eléctricas y perjudicará el consumidor más vulnerable, las pequeñas comercializadoras de energía y los mismos municipios.

Esplugues ha reclamado que se respeten las competencias de las Comunidades Autónomas y las medidas de protección contra la pobreza energética de la Ley catalana de 2015, que protegen contra la interrupción del suministro eléctrico por impago. También recuerda que la Ley del sector eléctrico vulnera el principio de precaución, un mecanismo que coloca el consumidor vulnerable en el centro del sistema de protección legal creado por las legislaciones autonómicas. La Ley del sector eléctrico, en cambio, protege las grandes compañías eléctricas.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, ​​el 43,7% de los casos de pobreza energética atendidos por los Servicios Sociales Municipales quedarían fuera del ámbito de protección en el Proyecto de Real Decreto.

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